Los ataques ocurridos esta semana en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria, han paralizado una vez más las negociaciones que mantienen opositores y gobierno sirio en Ginebra para poner fin a una guerra que comenzó hace ya cinco años.

Un conflicto armado que parece interminable, sobre todo para aquellas personas que, lejos de sus hogares y en campamentos creados para ellos en Italia, Grecia y Turquía, se mantienen a la espera de ver cuál será finalmente su futuro.

El gobierno español ya ha anunciado que para principios de mayo 200 refugiados sirios aterrizarán en nuestro país. Hombres, mujeres y niños que vuelven a transitar por Europa y que ansían contar al fin con un hogar.

Porque tienen el derecho de hacerlo. La Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 reconocen la condición de refugiado de acuerdo a la Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.

Así, se considera persona refugiada a aquella que “por temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede acogerse a la protección de tal país” y se establece la obligación de no devolver ni expulsar a dichas personas.

En mayo llegarán familias sirias deseosas, seguramente, de contar con una rutina. Una vuelta a la normalidad de la que tienen derecho.